– Lima,
17 de mayo de 2O23
Nuestra patria viene sufriendo gravísimos
daños ocasionados por el tifón Yaku, que según expertos se
añade al Fenómeno del Niño que ya se inició, así como a la falta
de obras eficaces de prevención. Evidentemente hay localidades en
que los daños son enormes, mientras en otras son leves, por el cual
el sufrimiento de los habitantes no es homogéneo, obligando a unos a
ser solidarios con los otros y prestarles la ayuda que requieren.
Al
ver las noticias sobre los daños en los canales televisivos, pudimos
espectar a personas altamente afectadas reclamar la ausencia de los
parlamentarios de su región, además de exigirles gestiones para que
la ayuda de emergencia llegue y que oportunamente se inicie la
reconstrucción, pese a que ni siquiera ha concluido la que debió
hacerse por las lluvias y desbordes del 2017, así como tampoco las
producidas por el sismo del sur medio en el 2007.
Absolutamente
comprensible la indignación de los fuertemente afectados por los
desastres naturales, pues además de haber perdido sus viviendas y lo
que ellas contenían, tienen que afrontar el infortunio de no saber
que hacer, de no conocer donde pernoctar e incluso no contar con
alimentación ni asistencia médica, pese a los esfuerzos que se
hacen desde el Estado y entidades de ayuda como Caritas, entre
otras.
Por lo señalado es útil expresar que las tareas de los
parlamentarios no son ejecutivas, ellas competen al gobierno central,
a los gobiernos regionales y a los municipales, con los respectivos
organismos públicos especializados. La función parlamentaria
es distinta, pues, de acuerdo a la Constitución y al Reglamento del
Congreso, que tiene rango de ley, el Parlamento debe legislar,
fiscalizar y representar, lo que no quita dar el abrazo solidario y
apoyo a los afectados que lo necesitan a gritos pues su infortunio es
mayúsculo.
En estas horas de desdicha, el Congreso tiene que
estudiar las normas más convenientes para que llegue la ayuda de
emergencia a los damnificados, así como determinar los
procedimientos y acciones de rehabilitación, reparación,
reconstrucción y similares, incluida la prevención, que permita no
caer en los mismos errores de antaño, en que la recuperación demoró
y la prevención reinó por su ausencia.
Pero además de ello y
en ejercicio del rol de fiscalización, tienen que ser los
parlamentarios lo suficientemente diligentes, para investigar si los
recursos públicos se emplean adecuadamente o no, así como exigir a
la Contraloría, Ministerio Público y Poder Judicial, las
investigaciones y procesamientos legales, cuando se observan
deficiencias y acciones de corrupción.
En lo que se refiere a
la representación, también deben ser eficientes, dando a conocer a
las autoridades ejecutivas, las necesidades de la población para
superar la caótica situación en que se encuentra, para lo cual
cuenta con las herramientas constitucionales y legales que el caso
amerita.
Si bien es verdad que los legisladores están para
legislar, fiscalizar y representar, más no para tramitar, en
situaciones excepcionales como las que se soportan, tienen también
que ser gestores de obras de rehabilitación y reconstrucción.